He recibido la respuesta a la pregunta que formulé a la Comisión Europea sobre las más de 1.200 protestas individuales presentadas por agricultores valencianos por el impago, por parte del Gobierno valenciano, de las ayudas del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural).
Estos impagos se remontan al año 2010, y alcanzarían un montante de entre 120 y 150 millones de euros. Ante ello pregunté a la Comisión si sabía de la existencia de estos impagos; las razones por las que se habrían producido; si tenía indicios de la atribución de fondos a otras finalidades distintas a las que estaban destinados.
La respuesta que he recibido de la Comisión Europea es la siguiente:
"El 2 de abril de 2013, la Comisión recibió una denuncia de una asociación agraria de la Comunidad Autónoma de Valencia, en la que se señalaban los hechos a los que alude Su Señoría. Esta denuncia se registró con el nº CHAP (2013) 01085 y está siendo examinada por los servicios competentes de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural.
Desde el último trimestre de 2011, las declaraciones de gastos en el marco del FEADER presentadas a la Comisión han sido muy modestas, lo que indica que los pagos a los beneficiarios finales han sido bastante limitados. Esta situación se debe a los problemas de tesorería de la Administración regional.
Los fondos del FEADER están sujetos a disposiciones específicas en lo que respecta a los pagos del organismo pagador a los beneficiarios finales; así, la Comisión reembolsa al organismo pagador el gasto subvencionable correspondiente a la contribución del FEADER abonada de manera efectiva al beneficiario. Los Reglamentos de la UE no establecen un plazo límite para los pagos a los beneficiarios.
La Comisión no tiene conocimiento de que se hayan asignado fondos a gastos no subvencionables en el marco del PDR.
La responsabilidad de la gestión de las ayudas en el marco del PDR recae en la autoridad de gestión. La Comisión vela por que los Estados miembros observen el principio de buena gestión financiera mediante diversas medidas, entre las que figuran las siguientes: auditorías; reducción o suspensión de los pagos cuando fallan los sistemas de gestión o de control; liberación de compromisos".
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