Ayer, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, ha tratado la petición de ciudadanos y ciudadanas que han comparecido ante la Comisión de Peticiones ante el intento de realizar prospecciones petrolíferas en las islas de Fuerteventura y Lanzarote.
Ya en el año 2001, el gobierno español de la época autorizó la realización de prospecciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote; tres años después, en 2004, una sentencia del Tribunal Supremo anuló esa autorización. Ahora, nuevamente el gobierno español del Partido Popular, quiere retomar esas prospecciones contraviniendo la legislación europea (directiva 2011/92/UE sobre la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y la directiva 92/43/Ce, sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre).
El actual gobierno de Canarias, los gobiernos municipales y los habitantes de las islas, han mostrado su oposición, rotunda y amplia, a que esas prospecciones se lleven a cabo. He señalado que la Unión Europea, y en especial el Parlamento Europeo, debe intervenir rigurosamente en esta materia, máxime cuando es planteada masivamente por los ciudadanos y ciudadanas de Canarias que están luchando en defensa de sus derechos, contra las arbitrariedades de intereses muy particulares.
El pueblo de Canarias se ha movilizado para defender su patrimonio en biodiversidad, su medioambiente, su salud, y para preservar los recursos naturales y la sostenibilidad de esas Islas, que tienen en el turismo una de sus principales bases económicas.
El buen fundamento de la petición planteada y los notables riesgos que existen no sólo para la salud de las personas sino para un entorno medioambiental cuya riqueza en biodiversidad es inigualable en la Unión Europea, me han hecho intervenir para pedir que este expediente continúe abierto, y que la Comisión Europea recabe todos los elementos de juicio necesarios para valorar el verdadero impacto que se produciría en la zona. También he pedido a la Comisión Europea que sea mas beligerante ante las autoridades españolas en defensa de los intereses de la ciudadanía de Canarias que exige, con sólidos argumentos éticos, medioambientales, económicos y jurídicos, que no se realicen sondeos petrolíferos en sus aguas marinas.
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