Cuando se cumplen 75 años del final de la guerra civil española, las víctimas y familiares del régimen franquista siguen reclamando justicia. Una justicia que se les ha negado y les ha cerrado puertas en reiteradas ocasiones. Por ello, y ante el caso omiso que el gobierno español ha hecho de sus demandas, representantes de varias asociaciones de víctimas del franquismo han llegado al Parlamento Europeo para alzar su voz y reclamar apoyo en su lucha por conocer la verdad y lograr justicia.
Sus palabras han retumbado en el Parlamento Europeo. Se han escuchado testimonios desgarradores de una de las etapas más duras de la historia española. Es inconcebible que en España se les cierren las puertas de la justicia, que se archiven o se ignoren sus demandas, que se les niegue la información debida. Han pedido al Parlamento Europeo apoyo para la creación de una Comisión de la Verdad que investigue y les garantice su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
En una de mis intervenciones he condenado la actuación del gobierno español favorable a limitar la aplicación del principio de justicia universal que trata de evitar la impunidad de los crímenes contra la humanidad, que no prescriben. Por eso he apoyado la labor que está realizando la justicia argentina en la investigación de los crímenes del franquismo.
He tenido un recuerdo para el doctor Juan Bautista Peset Aleixandre, rector de la Universidad de Valencia, fusilado por la represión franquista el año 1941. También he mencionado a la Comisión de la Memoria Histórica de Alicante, que hace unas semanas visitó el Parlamento Europeo y narró la epopeya del barco Stanbrook que zarpó del puerto de Alicante hacia Oran, con mas de 3.000 republicanos, veinticuatro horas antes de la entrada de las tropas franquistas en Alicante. Y recordé también al Juez Garzón, expulsado del sistema judicial español, por tratar de abrir las puertas de la justicia a las victimas del franquismo.
La Unión Europea no puede quedar al margen. Y el Parlamento Europeo, como institución democrática de los pueblos y ciudadanos europeos, debe impulsar un movimiento de apoyo para investigar estos casos. Varios eurodiputados, entre los que me incluyo, hemos firmado la Declaración para Demandar la creación de una Comisión de la Verdad en España.
Quiero señalar también, que se ha hecho pública una carta, firmada por 60 eurodiputados y dirigida al Presidente del Gobierno Español, en la que de acuerdo con las conclusiones del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas en España, le instamos a que vigile la desprotección de los ciudadanos víctimas de delitos cometidos durante la dictadura de Franco entre 1939 y 1977. Además, pedimos al Gobierno que dote del suficiente presupuesto la Ley de Memoria Histórica, que facilite la información debida, que abra los archivos y que garantice las exhumaciones de las fosas comunes.
Una vez más, hay que repetir que sólo conociendo la verdad y haciendo justicia, la historia no volverá a repetirse.
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