jueves, 28 de febrero de 2013

Reunión de la Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina


En la tarde del martes 26 asistí a una reunión de la Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina. Dos temas de absoluta actualidad fueron tratados.

Un intercambio de información y de opiniones se entabló con el  Sr. Fernando Yépez Lasso, Embajador de Ecuador ante la UE, sobre el resultado de las elecciones presidenciales y legislativas en su país celebradas el día 17 de febrero. De nuevo, el candidato Rafael Correa y su proyecto socialista se impusieron con el 57,16 % de los votos, demostrando la vigencia de sus propuestas para el electorado ecuatoriano.

Pese a las dudas sobre la legitimidad de los comicios que intentaron sembrar algunos de los presentes en la reunión, la realidad es que las elecciones en Ecuador contaron con la asistencia de 320 observadores que dieron fe de la pulcritud, trasparencia y corrección del proceso electoral y las votaciones.  

Al final de la reunión surgió el tema de la reciente nacionalización de la empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa) llevada a cabo recientemente por el Presidente Morales. Sabsa es la tercera compañía española que pasa a manos del Estado boliviano en menos de un año, ya que en mayo pasado fue nacionalizada la empresa  Transportadora de Electricidad, filial de Red Eléctrica de España (REE) y el pasado diciembre cuatro filiales de Iberdrola. Algunos diputados de la derecha española atacaron esas expropiaciones acusándolas de injustas y de no atenerse a la legalidad, creando inseguridad jurídica para los inversores europeos en aquel país. El Embajador de Bolivia, el Sr. René Fernández Revollo precisó que la intervención del gobierno se fundamentaba en las normas legales bolivianas vulneradas por los inversores internacionales. Por mi parte comenté que el Gobierno de Bolivia había intervenido en ejercicio de su soberanía nacional, añadiendo que no se podían confundir los intereses empresariales, que tienen sus propios cauces jurídicos de defensa, con los intereses de la Unión Europea o de España.

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